Trabajadores y empresarios rechazan el TLC con Europa

Las negociaciones entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur para cerrar un tratado de libre comercio, se reanudaron en Asunción la semana pasada y continúan en ésta con una fuerte presión de los gobiernos –fundamentalmente de Macri y Temer- por firmar de una vez el acuerdo.

En ese ámbito los miembros de los órganos de representación de la sociedad organizada tanto de la Unión Europea (CES) como del Mercosur (FCES) -constituida por cámaras empresariales, organizaciones sindicales y organizaciones de la sociedad civil- expusieron sus principales y legítimas preocupaciones respecto del acuerdo y exigieron de manera urgente la constitución de un Comité Mixto de Seguimiento de modo de hacer factible la participación de la sociedad organizada del tramo final de las negociaciones y del posterior monitoreo del acuerdo.
La exigencia de la representación de los trabajadores no es nueva, ha sido constante y reiterada desde el inicio de la iniciativa hace 20 años. Sí lo es –al menos inusual- el pronunciamiento de las cámaras industriales de los cuatro países miembros del Mercosur (Venezuela suspendida) que elevaron ante las autoridades negociadores del acuerdo con la UE una dura declaración en la que exigen “transparencia” en las negociaciones, plazos y condiciones para que los sectores afectados negativamente por el tratado de libre comercio “puedan transformarse y continuar activos en el nuevo escenario”, y un acuerdo equilibrado “reconociendo las diferencias en el nivel de desarrollo entre las partes”. Reclaman, además, la inclusión de una “cláusula de desarrollo industrial” y la preservación de diversos instrumentos de protección a la producción y el empleo “fundamentales para el funcionamiento actual y futuro del Mercosur”.
La Cláusula de desarrollo apunta a proteger a la parte más débil –dada las asimetrías en el desarrollo entre los bloques– ante una posible industria naciente por ejemplo, o una que incorpore un salto tecnológico importante, porque estarían bloqueadas por el tratado de libre comercio.
La dura declaración que la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación Nacional de la Industria (CNI) de Brasil compartieron con sus pares de la Unión Industrial Paraguaya y la Cámara de Industrias del Uruguay reconoce implícitamente, que los negociadores del Mercosur fueron cediendo en 2016 y 2017. Demanda que “se establezcan plazos y condiciones para que los sectores afectados negativamente puedan transformarse y continuar activos en el nuevo escenario”.
Por su parte los representantes del movimiento sindical del Mercosur y de la Unión Europea -representados por la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) y de la Confederación Europea de Sindicatos (CES)- hicieron entrega a los jefes negociadores de una "Carta a los Negociadores del Acuerdo del Mercosur", en donde expresan de manera clara y contundente las razones por las cuales no se aceptará el acuerdo "en las actuales circunstancias y condiciones, ya que no se perfila un auténtico Acuerdo de Asociación justo y equilibrado sino un tratado de libre comercio que perjudica a los países de menor desarrollo a ambos lados del Atlántico en su industria nacional, en la promoción de la producción y del trabajo decente".
Asimismo, solicitaron la inclusión de un Capítulo Socio-laboral que permita realizar análisis y propuestas y encontrar soluciones a través del diálogo social a aquellos desequilibrios que puedan surgir en el mundo del trabajo como consecuencia del acuerdo, “recogiendo como antecedentes los instrumentos signados por cada bloque (la Carta Social Europea y la Declaración Socio laboral del Mercosur), y en donde se incluyan las Normas Internacionales del Trabajo de la OIT, ratificadas por los países miembros, y los procedimientos en caso de violación de estos mismos. La carta firmada por CCSCS y CES concluye afirmando “Si a pesar de lo expresado, las autoridades de ambos bloques deciden concluir las negociaciones en su estado actual, las organizaciones firmantes no aceptarán el Acuerdo.
Según el Observatorio de Empleo, Producción y Comercio Exterior de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (ODEP-UMET) se pondría en riesgo 186.000 empleos industriales. En términos absolutos, los principales afectados serían metalmecánica (48.000 empleos), sensibles (calzado, textil, marroquinería, muebles (47.000), autopartes (32.500), química (19.000) y automotor (9500). Sin duda, el impacto de la firma de este acuerdo sería catastrófico para la mano de obra local.